El Ejecutivo Provincial está elaborando un nuevo proyecto de ley, a través del Ministerio de Gobierno, la Secretaría de Seguridad y la Jefatura de Policía, para modificar el decreto Nº 840, donde se determina como una conducta contravencional a las de aquellas personas que conducen un automotor o ciclomotor en estado de ebriedad.
El ministro de Gobierno, Justicia, Seguridad y Derechos Humanos Claudio Saúl explicó que en base a las distintas graduaciones alcohólicas se establece una sanción pecuniaria (multa), entre 200 y 500 mg de alcohol en sangre, entre 500 y 1.000 mg, y superando esa graduación alcohólica.
En ese sentido, reveló que la iniciativa que se está elaborando para ser enviada a la Legislatura de la Provincia, determina que a aquellas personas que no superen los 1.000 mg o 1.500 mg de alcohol en sangre (1 gramo / 1,5 gramos), se les secuestrará el vehículo, se les aplicará la sanción pecuniaria (multa) de acuerdo a los montos establecidos, y aquellas personas que excedan este límite serán demoradas, entendiendo que poseen una ingesta alcohólica profunda.
Si bien cada cuerpo humano posee diferente capacidad de absorción, en cuanto al alcohol en sangre, los profesionales médicos también afirman que existen parámetros intermedios que determinan medias. De manera que superando los 1.000 miligramos de alcohol en sangre (1 gr), el conductor estaría en un estado altamente riesgoso para la vida y salud de sí mismo como de terceros, indicó.
Así, con esta modificación se estaría logrando un estado intermedio, donde aquellas personas que hayan tomado moderadamente, si bien no pueden conducir, no las alcanzará la medida en cuanto a la detención, pero sí con respecto al secuestro del vehículo y la multa.
Propuestas de organizaciones civiles
Sobre otras propuestas que acercaron diferentes entidades, donde se cuestionó el tema del juez contravencional, Saúl dijo que en cuanto al actual código contravencional, no hay sentencia de un tribunal de la justicia ordinaria de la provincia de La Rioja que lo haya declarado inconstitucional, por lo tanto sigue teniendo validez.
Entendiendo estos planteamientos, el Ejecutivo Provincial envió a la Legislatura un paquete de ocho leyes que se encuentran con estado parlamentario, para una reforma integral de los sistemas de justicia y de seguridad, donde se incluye el reemplazo del actual Código Contravencional con el nuevo Código de Convivencia.
De las ocho leyes, la única que fue sancionada y promulgada, es el Código de Convivencia. Este código viene a subsanar ese cuestionamiento de juez natural, ya que se dispuso que el juez contravencional a partir de la puesta en vigencia de este nuevo ordenamiento jurídico, sea el juez de Paz Lego, un juez establecido por la Constitución, y que fue sometido a concurso a través del Consejo de la Magistratura, por lo tanto, de esta manera se da respuesta a ese cuestionamiento.
Facultades de la fuerza de seguridad
Fundamentalmente en lo que hace a la sanción de la nueva Constitución Provincial del año 1986, y que está en vigencia. En la misma Constitución de la provincia hay un artículo dentro de lo que significan las garantías individuales de los ciudadanos, donde se expresa que nadie puede ser privado de su libertad por término mayor a 24 horas sin ponerlo a orden de un juez competente.
En ese marco, la fuerza de seguridad, en lo que hace a la flagrancia, al desorden, puede seguir manteniendo esa facultad que le da la Constitución de poder poner orden, deteniendo y demorando a las personas que está infringiendo en un delito o contravención.
Avances concretos
El ministro Claudio Saúl reiteró que esta política de seguridad vial que se instauró en la provincia de La Rioja, en el término de aproximadamente 9 meses, permitió disminuir notablemente las víctimas fatales por siniestralidad vial, como así también los hechos y siniestros viales en todo el territorio provincial, el ingreso de personas en el hospital central y en los hospitales distritales por estas causas, fundamentalmente devenidos del estado de ebriedad al conducir, además disminuyó la atención hospitalaria durante los fines de semana, principalmente de los especialistas, cirujanos, traumatólogos, radiólogos, entre otros.
Ahora las guardias no son tan concurridas por estos motivos, debido a que la gente se cuida más. Esto derivó también en una merma en la demanda de prótesis por siniestros viales, y de las camas de terapia intensiva.
“Estos son resultados de una política pública que la sociedad misma considera como exitosa, y que fue elaborada durante el gobierno de Beder Herrera, y que posee su continuidad con el gobernador Sergio Casas”, resaltó.
Añadió que en esto participan la fuerza policial en todo el territorio, los municipios, toda la comunidad, y entidades intermedias, como la fundación Con Olor a Cielo.
Además, el Ministerio de Gobierno y la Secretaría de Seguridad recibe a los familiares de las víctimas de la siniestralidad vial a fin de brindarles una contención para la aceleración de los trámites judiciales, sin tratar de imponer lo que debe hacer un fiscal o juez, sino allanándoles los caminos, en aspectos como las pruebas periciales y todo lo que se pueda colaborar. Demostrando que “en materia de seguridad vial, el Gobierno Provincial implementó una política agresiva en todos los sectores”.
Dando muestra de apertura, diálogo, y de aceptación del aporte constructivo, Saúl sostuvo que “este proyecto de ley que se enviará próximamente a la Cámara de Diputados, entendemos que es viable y que de alguna manera se acomoda con aquellas demandas que hemos sabido escuchar, y que hemos podido plasmar en un proyecto de ley que vamos a enviar a la Legislatura, para de alguna manera equilibrar todas estas propuestas y sacar el mejor proyecto. Seguramente la Cámara de Diputados con su aporte y su debate, sancionarán y modificarán esta norma dentro del marco que hace a la democracia”.
Herramientas legales y participación
El secretario de Seguridad de la Provincia Luis Angulo manifestó que “esta es una situación que se viene analizando desde hace un tiempo, por lo cual se llegó a la determinación de elaborar este anteproyecto que será enviado a la Cámara de Diputados”.
Añadió que en el mismo también se tomará en cuenta la reincidencia de los contraventores, respecto a la conducción bajo efectos del alcohol.
Asimismo, en el proyecto se remarcan también las herramientas legales del personal policial, para que actúe como corresponde y siempre bajo el marco legal que manda la Constitución.
Finalmente puntualizó que en la elaboración del mismo, participan desde el Ministerio de Gobierno, la Agencia de Seguridad Vial, la Secretaría de Seguridad y la Jefatura de Policía, entre otros.
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