El Gobierno de La Rioja, invito a un grupo de Periodistas
locales, viajar a Chile para visitar emprendimientos mineros que producen
grandes dividendos para el País trasandino, lo que no se comparan son los controles por
organismo del estado Chileno que no están sospechados de corrupción como en
Argentina.
Minería y economías regionales,
ante el desafío de la convivencia
LA NACIÓN
Puede convivir la minería a cielo
abierto con otras economías regionales? ¿Alcanzarían la vitivinicultura, la
producción de aceitunas, frutas y especias y el turismo, para desarrollar a las
provincias donde hay proyectos y darles beneficios a las comunidades, que
muchas veces no perciben que los recursos generados por la minería se vuelquen
a una mejora en su calidad de vida? Para los especialistas consultados por LA
NACION, hay casos como los de Chile y Australia que muestran que la
coexistencia es posible, pero con un Estado presente en las regulaciones y
controles y con un uso transparente de los recursos que deja la actividad
minera. Y dicen que es necesaria una reconversión de esas economías regionales,
con incorporación de tecnología y prácticas más profesionales.
Lo cierto es que la megaminería,
que ahora encuentra en la Argentina mejores condiciones para la inversión
respecto de los años previos, despierta en todo el mundo polémicas por los
riesgos ambientales. En nuestro país hay comunidades como la de Famatina, en La
Rioja, que rechazan las explotaciones a cielo abierto; hay otras, como la
sanjuanina de Jachal, con procesos judiciales abiertos contra las mineras, y
otras, como la de Andalgalá (Catamarca), que esperan a ver cómo será el proceso
posterior al cierre de un yacimiento. Un denominador común es que todas estas
comunidades reclaman alternativas económicas para vivir.
En los últimos días, en La Rioja
hubo movimientos de funcionarios provinciales y nacionales, sondeando capitales
interesados en la explotación minera. Paulo D'Alessandro, integrante de la
asamblea de Famatina, dice que hay más de un problema ambiental en la zona,
como el basural de la capital y el derrame de líquidos tóxicos en las lagunas,
y que de todo ello fue informado el ministro de Ambiente y Desarrollo
Sustentable de la Nación, Sergio Bergman, quien prometió abordar la
problemática en profundidad.
¿Qué pasa en una economía en la
que se instala una explotación minera? El economista del Ieral de la Fundación
Mediterránea, Jorge Day, grafica con un ejemplo futbolístico: "Es como si
en un picado entra a jugar Messi. La megaminería descoloca todo el sistema,
paga salarios que ningún otro sector puede equiparar. Revoluciona todo, a favor
y en contra, incluyendo lo ambiental. Por un lado, entra mucha plata y, por el
otro, plancha al resto".
Desde NOAnomics, Félix Piacentini
observa que un aspecto a discutir es la forma en que se reparten los recursos
que generan las mineras. "La gente se queja porque no ve que su calidad de
vida mejore y se preocupa por lo que queda después de que se van. La
responsabilidad del Estado es distribuir intertemporalmente lo que recauda en
poco tiempo", agrega. A su entender, un camino son los fideicomisos que
instrumenta Chile, administrados por todas las partes y usados para impulsar
actividades alternativas.
El impulso a la minería arrancó
en los 90 con la ley de inversiones mineras, y aunque el país está en el top
ten de las reservas mundiales de cobre, oro, plata, litio, boratos y potasio,
la actividad representa cerca de 3% del PBI. Según las empresas, la pérdida de
seguridad jurídica frenó las inversiones.
En los últimos tiempos afectaron
factores como la restricción a la remisión de utilidades, las retenciones a las
exportaciones, las modificaciones en los plazos de liquidación de
exportaciones, y el retraso del tipo de cambio. Y a eso se sumó la caída de los
precios internacionales de las commodities. La mejora del tipo de cambio y la
eliminación de retenciones aplicada por el gobierno de Mauricio Macri puede
impulsar la actividad, aunque las empresas admiten que la contaminación
provocada por el derrame de solución cianurada en Veladero, por parte de la
Barrick, reavivó los cuestionamientos sociales.
Juan Colica es ingeniero agrónomo
del Inta Catamarca e integrante de la asamblea de Andalgalá que logró un freno
judicial a Agua Rica, explotación de cobre, oro, plata y molibdeno. "Ya
vimos los efectos en el ambiente y en la calidad y cantidad de agua de Bajo la
Alumbrera y Bajo el Durazno; queremos actividades sustentables", plantea.
Colica es autor de un trabajo
-que la asamblea entregó a las autoridades- que indica que la región cuenta con
300.000 hectáreas aptas para una amplia gama de cultivos, entre los que
destacan la vid, el durazno, la sandía, el olivo, el limón, la higuera, los
nogales, el maíz, la cebada, la pera, la manzana, el algodón, el trigo y la
avena. También es apta para la producción de semillas y aromáticas. "Para
estos productores no hay ayuda financiera ni regímenes especiales, ni tarifas preferenciales",
afirma.
Piacentini admite que las
mineras, para invertir, requieren facilidades tributarias y estabilidad
jurídica, pero cuestiona que el Estado sólo se preocupe de generarle
infraestructura para ese sector mientras deja al resto librado a lo que puedan
hacer las pymes.
Según Day, Catamarca y La Rioja
tienen ventajas para las producciones de vinos y olivícola, segmentos que
"se están abandonando por los problemas con el tipo de cambio, porque el
dólar no rinde si los costos del transporte son altísimos".
"Las ventajas tienen que
equipararse y también las obligaciones -agrega-. El Estado no puede eximirlas
por un lado [a las empresas] y después pedirles que construyan o mantengan
escuelas; ese es su deber. No están claros los roles."
En su último reporte de
sostenibilidad, correspondiente a 2014, minera Alumbrera -cuya inversión
original fue de US$ 1300 millones-señala que aportó ese año $ 190,4 millones en
regalías y $ 2361 millones en cargas fiscales nacionales, provinciales y
municipales. Desde el comienzo de la explotación, en 1997, esa cifra es de $
19.300 millones. Catamarca, en ese período, recibió $ 663,6 millones de pesos.
En el lapso de explotación, los
Yacimientos Mineros de Aguas de Dionisio (YMAD) integrados por el gobierno catamarqueño
(60%) y la Universidad Nacional de Tucumán (40%), recibieron US$ 1300 millones.
Participan con el 20% de las utilidades antes de impuestos. Los socios privados
son Glencore (50%), Goldcorp (37,5%) y Yamana (12,5%).
En la zona del yacimiento -que
impacta sobre los departamentos catamarqueños de Belén y Andalgalá- quedan
pocas fincas en explotación y la provincia, donde también se explota Bajo el
Durazno, Farallón Negro y Salar del Hombre Muerto, está entre las más pobres
del país.
"Es muy importante antes de
emprender la megaminería un buen plan técnico de explotación, para mitigar al
máximo los daños ambientales y de la recuperación posible de lo dañado -indica
Jorge Colina, economista de la consultora Idesa-. También hay que instrumentar
que los beneficiarios sean tres y no dos, como ahora lo son el Estado y la
empresa: la comunidad tiene que ganar."
